El Tribunal Constitucional, nacido de la Constitución Española, aprobada por los españoles por mayoría en Referéndum, máximo intérprete de la Constitución que garantiza el respeto a los derechos fundamentales de todos los españoles, está siendo objeto de ataques esperpénticos con el fin de presionarle ( así lo han reconocido políticos catalanes) para que dicte una sentencia que les convenga a sus intereses, coartando con ello su independencia reconocida en el art. l59.3 CE.
El art. 161 de la C.E. determina sus competencias, entre ellas, el del control de la constitucionalidad de las normas aprobadas por El Parlamento o Congreso de los Diputados.
Ello supone que analizan si la norma en cuestión se ajusta a la Constitución o es contraria a ella en todo o en parte y de ahí se derivará una Sentencia.
Es cierto que los miembros que componen el Tribunal han sido elegidos: 4 por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial, de lo que desprende que no son ajenos a las influencias políticas, pero tienen reconocida su independencia y por lo tanto la sentencia no debe estar contaminada por amenazas o presiones de ningún tipo, pues de lo contrario ¿ Quién garantizaría la supremacía de la Ley, la imparcialidad, el derecho de amparo, la constitucionalidad de las leyes etc. ?
En la Historia del Tribunal Constitucional, llama la atención el asunto Rumasa, que destacados juristas criticaron por las supuestas influencias políticas sobre sus miembros.
Pero el Tribunal C. ha sufrido ataques terroristas por parte de ETA, así el 6 de Sept-1990 una mujer que se hizo pasar por abogado, dejó un maletín con una bomba en el interior del edificio, y que de no haber sido detectado a tiempo hubiera causado una masacre, si bien no se pudieron evitar grandes destrozos en la estructura.
El 14 de febrero de 1996, el catedrático D. Francisco Tomás y Valiente, Expresidente del T.C. fue asesinado en la Universidad.
Cabría preguntarse ¿ qué impulsó a cometer estos dos atentados?
En estos tiempos, se oye decir que la Presidenta del Tribunal ha recibido presiones de algún miembro del Gobierno; que dos miembros del mismo han impedido que se dictaminara en un sentido u otro; que el Tribunal está deslegitimado para pronunciarse sobre el Estatuto de Cataluña; que el PP debería retirar el Recurso ( así expresado por algún portavoz del PSOE); y que si el Tribunal se siente presionado mejor, pues no aceptarán una sentencia que modifique el Estatuto sobre el que debe pronunciarse el Tribunal Constitucional.
Todo ello acompañado de una serie de expresiones e insinuaciones que preocupan a los ciudadanos pertenecientes a otras Comunidades Autonómicas, que observan con resignación cómo políticos y medios de comunicación catalanes se confabulan en contra de una Sentencia que debe ser objetiva e independiente, sin importarles lo que piensen o cómo les afecta a los no catalanes. Se han atrevido y no se han recatado en tachar de fascistas y racistas a quienes han osado criticar su postura.
Con estos antecedentes,¿ Se ven libres de temores y presiones los miembros del Alto Tribunal , en cuanto personas que hoy tienen que decidir y cuyo futuro no está escrito?
¿Es que los políticos y los medios de comunicación del resto de las CC.AA no pueden organizarse para amparar a los miembros del Tribunal Constitucional y respaldarles en su decisión ?
¿Obliga la Constitución a todos los españoles?¿Es Cataluña parte de España?
Si es así, dejen que el Tribunal se pronuncie libremente y no menosprecien al resto de los españoles, que sí le respetan.
Hoy el poder lo ostentan unos, mañana serán otros, no hipotequen nuestro futuro.
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